Luis Ramón Torres Robledo, Gobernador Regional de Tacna, y su círculo más cercano son investigados por el delito contra la humanidad de discriminación e incitación al odio, en agravio de Liliana Velazco. La fiscalía ordena pericias psicológicas a todos los implicados.
En un hecho sin precedentes para la política tacneña, el Ministerio Público ha decidido ampliar y profundizar la investigación por el presunto delito de discriminación en agravio de la vicegobernadora regional, Liliana Del Carmen Velazco Cornejo. Lo que inició como una investigación contra el titular del ejecutivo regional, Luis Ramón Torres Robledo, ahora abarca a cinco de sus principales colaboradores, señalados por ejecutar y promover un trato hostil y de exclusión sistemática contra la autoridad edil.
FUNCIONARIOS INVESTIGADOS
La fiscalía, mediante la Disposición N° 04-2025, ha incorporado formalmente como investigados a:
* Jaime Lizardo Carpio Camacho
* Edwin Eliseo Miranda Mamani
* Alfredo Lucio Gámez Coalla
* Lourdes Del Rosario Rocchetti Vargas
* Elizabeth Zulema Osco Mamani
Todos ellos, altos gerentes y administradores del Gobierno Regional de Tacna. Según la declaración de la vicegobernadora Velazco, estos funcionarios habrían actuado en conjunto para negarle información crucial, ignorar sus solicitudes oficiales, negarle el uso de movilidad para sus funciones e, incluso, excluirla deliberadamente del directorio oficial en la página web de la institución, un acto simbólico de borramiento de su autoridad.
PERICIA SICOLÓGICA PARA IMPLICADOS
La investigación se centra en el delito contra la humanidad en su modalidad de Discriminación e Incitación a la Discriminación, tipificado en el artículo 323° del Código Penal. Para determinar el perfil de los investigados, la fiscalía ha ordenado la realización de pericias psicológicas para cada uno de los seis implicados, incluyendo al gobernador Torres Robledo. Asimismo, se dispuso una pericia antropológica social en el hogar de la vicegobernadora Velazco, para evaluar el profundo daño que este hostigamiento habría causado en su núcleo familiar.
Este caso pone en evidencia una supuesta práctica de acoso institucional al más alto nivel, donde una autoridad electa por voto popular habría sido víctima de un claro intento de anulación y menosprecio por parte de su propio equipo de gobierno, generando una solidaridad natural con la agraviada y una creciente indignación ciudadana.
