PrensaLibre dio a conocer el día de ayer las graves irregularidades detectadas por la Contraloría sobre el proceso de selección para la elaboración del expediente del saldo de obra del Hospital Hipólito Unanue. La prensa adicta al gobernador guardó un silencio sepulcral. Ante la inminente caída del proceso ahora quieren ocultar la responsabilidad política de Torres Robledo, mostrando sólo aspectos técnicos y administrativos.
RADIO DE LA CORRUPCIÓN PREPARÓ EL TERRENO
La emisora que actúa como portavoz oficioso del Gobierno Regional de Tacna publicó esta mañana la noticia de que *“se cae la buena pro del Hospital Hipólito Unanue”, presentando el caso como un asunto técnico-administrativo sin responsables políticos.
Apenas una hora después, el Gerente General del GRT, Jaime Carpio Camacho, confirmó oficialmente la nulidad del proceso de adjudicación. La secuencia no deja dudas: la emisora preparó el relato oficial, buscando suavizar el impacto de un hecho que la Contraloría ya había calificado como irregular y excluir del foco al gobernador, quien tenía conocimiento de las observaciones desde semanas atrás.
LA CONTRALORÍA FUE CLARA: LA LICITACIÓN FUE IRREGULAR
El Informe de Hito de Control N.º 100-2025-OCI/5352-SCC reveló que la adjudicación simplificada para el expediente técnico del Hospital Hipólito Unanue fue viciada desde su origen:
* El Comité de Selección modificó indebidamente las bases estándar del OSCE.
* El consorcio ganador no cumplía requisitos técnicos esenciales, pero recibió el puntaje máximo de 100 puntos.
* Las advertencias previas del órgano de control fueron ignoradas por la entidad regional.
En resumen, el proceso vulneró los principios de legalidad, igualdad y transparencia de la Ley de Contrataciones del Estado. No fue un error técnico: fue una decisión consciente de continuar pese a las alertas de la Contraloría.
DE LA IRREGULARIDAD A LA MANIOBRA POLÍTICA
El Gobierno Regional no ha “decidido corregir” nada por iniciativa propia. La nulidad anunciada hoy no es un acto de transparencia, sino una reacción forzada por la evidencia pública, la presión ciudadana y el control concurrente de la Contraloría.
Intentar ahora presentar la anulación como una muestra de responsabilidad es una maniobra política para eludir consecuencias. La ley es clara: cuando un proceso vulnera la normativa, la nulidad no es una opción, es una obligación.
EL GOBERNADOR NO PUEDE ALEGAR DESCONOCIMIENTO
Por norma, todos los informes del Órgano de Control Institucional (OCI) se notifican al titular del pliego, es decir, al Gobernador Regional de Tacna, quien tiene el deber de disponer medidas correctivas inmediatas.
Si el proceso avanzó y se adjudicó pese a las observaciones, fue con su conocimiento o con su tolerancia. Por tanto, el gobernador no puede presentarse como ajeno a la decisión ni escudarse en sus funcionarios. La nulidad del proceso no lo exonera: lo involucra directamente en la omisión de control y supervisión de un procedimiento irregular.
EL ROL DE LOS MEDIOS QUE ENCUBREN
La llamada *“radio de la corrupción”* no informó: anticipó el discurso oficial.
* Publicó la nota una hora antes del anuncio oficial.
* Redujo el caso a un aspecto técnico, borrando toda mención a la responsabilidad política del gobernador.
* Buscó posicionar la narrativa de que “el Gobierno Regional está actuando correctamente”, cuando en realidad reacciona forzado por un informe lapidario de la Contraloría.
Se trata de un ejemplo claro de manipulación informativa al servicio del poder político regional.
LO QUE TACNA DEBE EXIGIR
La nulidad del proceso no cierra el caso, lo confirma. La ciudadanía tiene derecho a exigir:
1. Que se identifique y sancione a los miembros del Comité de Selección y funcionarios que aprobaron las bases irregulares.
2. Que el gobernador rinda cuentas públicamente sobre por qué permitió la continuación de un proceso advertido como irregular.
3. Que la Contraloría amplíe su control posterior y determine responsabilidades funcionales y, si corresponde, penales.
TACNA EXIGE VERDAD Y TRANSPARENCIA
La salud de Tacna no puede seguir siendo rehén de la corrupción, el silencio y la complicidad mediática. El Hospital Hipólito Unanue debe construirse con legalidad y decencia, no con licitaciones direccionadas ni maniobras de encubrimiento. Hoy, más que nunca, el pueblo tiene derecho a saber quién permitió esta irregularidad, quién se benefició y quién intentó esconderla.
La nulidad del proceso no es el final del problema, sino la prueba de que las denuncias ciudadanas tenían razón.
