Ante su silencio, sus propios gerentes detallan ante el fiscal la exclusión metódica de la vicegobernadora Velazco. El caso se convierte en la prueba de fuego para una justicia amenazada por el poder político y los medios afines.
El Gobernador Regional de Tacna, Luis Ramón Torres Robledo, principal investigado por liderar una presunta red de discriminación sistemática contra su vicegobernadora, Liliana Velazco, se negó a comparecer ante el fiscal para rendir su declaración, en un acto de evasión que desafía abiertamente a la justicia. Mientras la máxima autoridad regional se escuda en el silencio, las confesiones de sus propios gerentes ante el Ministerio Público detallan cómo se implementó un sistema institucional para marginar, excluir y negar recursos a la autoridad edil, configurando lo que la fiscalía investiga como un delito contra la humanidad.
Frente a este silencio elocuente, las declaraciones de sus más cercanos colaboradores se convierten en pruebas irrefutables que destruyen el muro de silencio y desinformación que intenta levantar su administración, a menudo con la ayuda de medios afines que buscan minimizar o distorsionar los hechos.
UN GOBIERNO PARALELO QUE MARGINÓ A LA AUTORIDAD LEGÍTIMA
Mientras el titular evade su responsabilidad, sus subalternos hablaron, y sus palabras son condenatorias:
- Alfredo Gamez Coaila (Gerente Jurídico): Confesó que la estructura de mando, aprobada por Torres Robledo, excluía deliberadamente a la vicegobernadora. Su declaración: *«yo rindo cuenta a la gerencia general y al gobernador, ellos son mis superiores»*, es la prueba de un sistema diseñado desde arriba para anular a la autoridad electa.
- Lourdes Rocchetti (Subgerenta de RRHH): Utilizó tecnicismos legales para justificar por qué a Velazco se le negaban recursos básicos, argumentando que *»no tiene labores administrativas»*. Esta interpretación maliciosa y selectiva de la ley, que solo se aplicaba en su contra, solo pudo ser avalada o tolerada desde el más alto nivel: la oficina del Gobernador.
- Betzabeth Nuñez (Secretaria del Gobernador): Confirmó, como testigo, un acto concreto de exclusión pública al declarar que la vicegobernadora Liliana Velazco no fue invitada a la «Mesa Municipal de Tacna», un evento oficial y protocolar de importancia. Este testimonio demuestra que la marginación trasciende las paredes de la institución y se manifiesta en actos públicos, buscando su invisibilización ante la ciudadanía.
LA OBLIGACIÓN DE DAR EL EJEMPLO: UN FUNCIONARIO PÚBLICO NO PUEDE EVADIR A LA JUSTICIA
Como máxima autoridad regional electa, Luis Ramón Torres Robledo tiene no solo la obligación legal, sino también moral, de acatar las citaciones judiciales y someterse al escrutinio de la ley. Su ausencia voluntaria a declarar es un acto de desacato que envía un pésimo mensaje a la ciudadanía: que los poderosos están por encima de las instituciones. Lejos de dar el ejemplo de transparencia y sumisión a la justicia que se exige a todo funcionario público, el Gobernador elige el camino de la opacidad y la confrontación con el Estado de Derecho, agravando así su presunta responsabilidad política en los hechos investigados.
EL SILENCIO ESTRATÉGICO Y LA CORTINA DE HUMO
La ausencia de Torres Robledo no es un detalle menor. Es la estrategia de un poder acostumbrado a operar en las sombras, confiando en que la presión política, la lentitud calculada de los procesos o la influencia sobre ciertos sectores del Ministerio Público y el Poder Judicial terminarán por archivar el caso.
Su cálculo es claro: si el poder no habla, sus aliados en la prensa dirán que el caso no existe. Mientras las pruebas documentales y declaraciones judiciales confirman la discriminación, los espacios mediáticos a su servicio ejecutan un manual de impunidad que incluye:
- Silencio: Ocultar la existencia del proceso, las declaraciones y los imputados.
- Desprestigio de la víctima: Presentar la denuncia como una «venganza política».
- Minimización del delito: Reducir un delito contra la humanidad a un «conflicto de egos».
- Presión soterrada: Ejercer influencia sobre fiscales y jueces utilizando su poder político y mediático.
Frente a este playbook de la impunidad, solo hay una respuesta: la contundencia de los hechos y la firmeza de una ciudadanía informada y unida.
UN LLAMADO A LA CONCIENCIA Y A LA ACCIÓN COLECTIVA
Este caso es más que un proceso legal; es un examen público a la independencia del sistema judicial tacneño. La ciudadanía observa si el Fiscal a cargo, Roger Daga Palacios, y los eventuales jueces que intervengan, tendrán la entereza para investigar y sancionar al poder real, sin favoritismos ni temor a represalias.
La pregunta está sobre la mesa: ¿La justicia en Tacna sirve al ciudadano o al poderoso?
En este contexto de asedio, el apoyo a la vicegobernadora Liliana Velazco se convierte en un acto de defensa de la democracia misma. Su lucha no es solo personal; es la lucha de todos contra un sistema que normaliza el abuso de poder.
Por ello, la ciudadanía y la prensa independiente exigen:
- Que el gobernador Torres Robledo sea citado de manera coercitiva y obligado a rendir cuentas, como corresponde a su investidura y a las leyes que juró cumplir.
- Que el Ministerio Público actúe con plena independencia, ignorando las presiones políticas y mediáticas.
- Que la población se mantenga vigilante y activa, rechazando las cortinas de humo y exigiendo transparencia.
La verdad no se negocia, no se distorsiona y no se silencia. Este medio, junto a una ciudadanía despierta, no claudicará en su deber de defenderla.
Creo hay momentos y momentos. El de ahora ocupa preparar camino para abril26, desbalance en legislación del presupuesto, carretera Boca del Río, terminar semafotizacion, recapeo de vías, hospital (es), planear región…Torres, lo q ahora quiere llamar atención ciudadana por intención de voto, y cualquier instrumento le servirá, acaso bloqueará su aspiración. O intencionalidad en hacer de la víctima y a heroína, ¿ Coja?