El martes 21 de octubre el Gobierno Regional otorgó oficialmente la buena pro para la elaboración y actualización del expediente técnico correspondiente al saldo de obra del Hospital Hipólito Unanue en Tacna. Informe de la Contraloría revela graves irregularidades en millonario proceso, las cuales fueron advertidas a tiempo y no tomadas en cuenta por el Gobierno Regional.
El más reciente Informe de Hito de Control N.º 100-2025-OCI/5352-SCC del Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Tacna ha encendido nuevamente las alarmas.
El documento revela que la adjudicación simplificada para actualizar el expediente técnico del Hospital Hipólito Unanue —una de las obras más esperadas por la población— se realizó vulnerando la Ley de Contrataciones del Estado y desoyendo advertencias previas del propio órgano de control.
Según la Contraloría, el Comité de Selección otorgó la buena pro al Consorcio Proyecto Tacna, pese a que su propuesta técnica no cumplía los requisitos exigidos en las bases integradas.
Aun así, recibió el puntaje máximo de 100 puntos, superando a otro postor que sí cumplía las exigencias.
Un hecho que no tiene explicación técnica ni legal, y que despierta legítimas sospechas de direccionamiento.
Bases modificadas y advertencias ignoradas
El informe detalla que las bases del proceso fueron alteradas indebidamente, eliminando exigencias técnicas obligatorias y dejando criterios de evaluación abiertos a la discrecionalidad.
Además, se recuerda que el OCI ya había advertido anteriormente —en varios hitos de control— sobre las deficiencias en los términos de referencia, los criterios de evaluación y la falta de objetividad.
Pese a ello, el Gobierno Regional decidió continuar el proceso y otorgar la buena pro sin atender las observaciones.
En palabras simples, la Contraloría confirma que la licitación no fue transparente ni se ajustó a la ley, y que la adjudicación “ganadora” se sustenta en un procedimiento viciado de origen.
El Gobernador no puede alegar desconocimiento
Por mandato legal, los informes del OCI son vinculantes y de cumplimiento obligatorio, y son remitidos directamente al despacho del Gobernador Regional de Tacna, quien es el titular del pliego y máxima autoridad política y administrativa.
Por tanto, no resulta creíble que el gobernador haya desconocido estas observaciones.
Si el proceso continuó pese a las advertencias, fue con su conocimiento o consentimiento.
Su deber era disponer la suspensión inmediata del procedimiento y ordenar su revisión integral.
El silencio o la inacción ante un informe de esta magnitud lo comprometen políticamente y lo hacen responsable de la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Un proceso que huele mal
Tacna ha visto repetirse este patrón demasiadas veces: licitaciones millonarias con requisitos “ajustados”, puntajes perfectos a propuestas deficientes y funcionarios que actúan como si la ley fuera un simple trámite.
Cuando un consorcio gana con 100 puntos sin cumplir los requisitos técnicos, no es un error administrativo: es una decisión que tiene un costo y un propósito.
Y en un contexto de desconfianza y denuncias constantes, la ciudadanía tiene todo el derecho a sospechar.
El deber del gobernador: anular el proceso
La Ley de Contrataciones del Estado (Ley N.º 30225) es clara: cuando se vulneran las normas esenciales del procedimiento o se omiten requisitos indispensables, el acto es nulo de pleno derecho.
El Gobernador Regional tiene la facultad y la obligación de declarar la nulidad de oficio del proceso y ordenar una nueva convocatoria transparente. Su inacción confirmará su implicancia política y funcional en los hechos que hoy indignan a Tacna.
Un mensaje a la ciudadanía
Tacna no puede seguir atrapada en el círculo de la impunidad.
El Hospital Hipólito Unanue no debe convertirse nuevamente en un monumento a la corrupción, sino en el símbolo de que la ciudadanía puede hacer valer su derecho a la verdad y a la transparencia.
La justicia puede demorarse, pero la presión pública y la vigilancia ciudadana pueden marcar la diferencia.
Hoy, el pueblo de Tacna tiene derecho a preguntar:
¿Quién gana realmente con esta licitación?
¿Quién se atreverá a detenerla?
