Bajo el pretexto de enfrentar la delincuencia, el Gobierno impone un régimen de control que busca frenar la protesta ciudadana, militarizar Lima y Callao y someter la calle al miedo y la obediencia.
El Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, que declara el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, ha sido presentado por el Gobierno como una respuesta urgente frente al avance de la criminalidad y los asesinatos que conmocionan diariamente a la ciudadanía.
Pero más allá de la narrativa oficial, el decreto parece perseguir otro objetivo: contener la protesta social, disciplinar la calle y reafirmar el control político de un régimen sin legitimidad.
Una medida con doble propósito
Es innegable que la violencia ha alcanzado niveles alarmantes. Las mafias dedicadas a la extorsión y al sicariato actúan con total impunidad, atacando a transportistas, pequeños empresarios y trabajadores que se niegan a pagar cupos.
Esa violencia ha provocado miedo, indignación y una ola de protestas por parte de los propios transportistas y de la sociedad civil, harta de la inseguridad y del desgobierno.
Pero el decreto, en lugar de fortalecer la investigación criminal o intervenir con inteligencia sobre las redes delictivas, opta por una estrategia de control territorial y social: militariza la ciudad, exige permisos para cualquier reunión masiva, habilita a la Policía y las Fuerzas Armadas a realizar operativos con amplias facultades y crea un Comité de Comunicación Estratégica bajo control directo de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de centralizar el discurso público.
El resultado: un dispositivo legal con apariencia de lucha contra el crimen, pero con estructura de control político.
El verdadero terreno de la disputa
Es cierto que los crímenes se cometen en distintas zonas de Lima y Callao, con focos en los conos norte y sur. Pero el decreto no delimita áreas críticas ni establece criterios de focalización: abarca todo el territorio metropolitano, afectando a millones de ciudadanos que nada tienen que ver con la criminalidad. La amplitud del dispositivo revela su verdadero propósito: garantizar que ninguna manifestación ciudadana escape al control del Estado.
En un momento en que la población se moviliza no solo por la inseguridad, sino también contra la clase política que la ha producido —un Ejecutivo improvisado y un Congreso desacreditado, hermanados en la corrupción y en su perverso objetivo de continuismo—, la declaratoria de emergencia aparece como la herramienta ideal para sofocar la protesta antes de que crezca. No se trata solo de seguridad: se trata de control.
Cuando la seguridad se convierte en coartada
El discurso oficial pretende hacer creer que el despliegue militar y las restricciones a la libertad de reunión son la única vía para enfrentar el crimen. Sin embargo, las organizaciones criminales que operan desde los penales no se neutralizan patrullando avenidas ni persiguiendo motociclistas.
Si el objetivo fuera realmente cortar las comunicaciones de los cabecillas que dirigen las redes de extorsión, la medida lógica habría sido intervenir el sistema penitenciario a nivel nacional, no militarizar Lima y Callao.
Al declarar en emergencia toda la capital, el Gobierno confunde deliberadamente el miedo ciudadano con la obediencia política. Convierte la legítima demanda de seguridad en un argumento para restringir derechos. La “lucha contra la delincuencia” se transforma así en la coartada perfecta para el silenciamiento social.
Un régimen sin contrapesos
Pensar que el Congreso o la Defensoría del Pueblo cumplirán algún rol de fiscalización es, a estas alturas, una ingenuidad. El régimen actual concentra el poder político y controla las instituciones, mientras el Ministerio Público avanza con la lentitud de quien no quiere incomodar al poder.
En este contexto, ninguna supervisión real es posible, y el Estado de Emergencia se convierte en una carta blanca para la represión y el miedo.
Seguridad o sometimiento
La ciudadanía reclama seguridad, pero lo que el Gobierno ofrece es sometimiento.
Busca recuperar autoridad no por legitimidad, sino por imposición. El decreto no restablece el orden: lo uniforma, lo silencia, lo somete a una disciplina forzada que recuerda a los tiempos en que la protesta era tratada como delito y el miedo era la forma de gobierno.
El problema no es solo jurídico ni administrativo: es moral y político. Un Estado que no puede garantizar justicia no tiene derecho a restringir libertades. Y un gobierno que carece de legitimidad no puede usar la violencia del crimen como excusa para consolidar la violencia del poder.
La emergencia no busca salvar al pueblo del crimen, sino salvar al poder del pueblo.
Y el miedo, convertido en política de Estado, jamás traerá seguridad: solo silencio.
