El Perú se dirige a una farsa electoral en 2026. Aunque se ha convocado a elecciones generales, las reglas han sido manipuladas por una coalición de poder —Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Perú Libre y la presidenta actual— que busca asegurarse la continuidad en el gobierno y la impunidad frente a sus actos. Lo que está en marcha no es un proceso limpio, competitivo ni transparente: es un operativo de blindaje político disfrazado de democracia.
Este fraude no consiste en alterar actas el día de las elecciones. El fraude ha comenzado mucho antes: se ha gestado desde el control institucional del sistema electoral, la reconfiguración de las reglas a favor del oficialismo, la habilitación de la reelección de congresistas sin renuncia previa, la instauración de una Cámara de Senadores sin piso real de representación y, sobre todo, mediante la exclusión sistemática de posibles candidatos presidenciales con respaldo social auténtico o con capacidad para representar una opción distinta: Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Salvador del Solar y Antauro Humala han sido neutralizados antes siquiera de que inicie la contienda formal.
A esto se suma un proceso de inscripción masiva de partidos (más de cuarenta), con el propósito de dispersar el voto y debilitar a los actores emergentes. El objetivo de este diseño es simple: que los candidatos del continuismo pasen a segunda vuelta con porcentajes mínimos, gracias a un escenario fragmentado y controlado.
Frente a este panorama, el papel de las fuerzas democráticas del país —incluidas las que se reclaman de izquierda— debería ser muy distinto al que estamos presenciando. No se trata de no participar, pero sí de participar con conciencia del fraude, con una estrategia distinta a la de la normalidad electoral y, sobre todo, con el propósito superior de recuperar las condiciones mínimas para una competencia legítima.
Sin embargo, lo que vemos en varios sectores de la izquierda es una carrera sin horizonte, una competencia electoral dentro de un proceso que ya está manipulado. Es cierto que hay estrategia, pero es una estrategia equivocada, que lleva directamente a la derrota y —lo que es peor— al avalamiento de un proceso ilegítimo. Prepararse para competir sin cuestionar el proceso es contribuir, así sea sin quererlo, a la consolidación del fraude.
Y en este punto, es imposible no señalar un mal profundo que recorre todas las tiendas políticas, especialmente en tiempos de crisis: la “candidatitis”.
Una enfermedad política que ciega a quienes la padecen, porque los arrastra a buscar candidaturas a cualquier precio, incluso si eso implica caminar directo a un matadero electoral. Algunos son cegados por el ego; otros por su pequeñez: su máxima aspiración en la vida es figurar en una lista, sin importar si la elección está amañada o si su participación solo servirá para validar al régimen.
La “candidatitis” es la lepra del oportunismo político: desfigura el juicio, descompone la ética y termina induciendo a las organizaciones enteras a correr a ciegas hacia el abismo.
El fraude no es solo contra la izquierda: es contra toda opción política democrática y decente.
Y ese es el mensaje fundamental que debe articular una nueva narrativa política: el verdadero objetivo del fraude no es bloquear a una ideología, sino impedir que las fuerzas decentes —de izquierda, centro o derecha— lleguen al poder y sancionen a los corruptos que han capturado el Estado. Este no es un fraude ideológico. Es un fraude sistémico contra la decencia.
Por eso, la prioridad hoy no puede ser únicamente ganar escaños o posicionar liderazgos sectoriales. La prioridad es desenmascarar el fraude en curso, convocar a la ciudadanía y a las fuerzas democráticas excluidas, y construir un frente democrático amplio que se plante ante el país como la única opción con autoridad ética para enfrentar la continuidad de la corrupción y el autoritarismo disfrazado.
Ese frente debe tener como mínimo cinco tareas urgentes:
- Denunciar sistemáticamente el carácter ilegítimo del proceso electoral en curso. Hay que decirlo con claridad: no se trata de unas elecciones libres, sino de un operativo diseñado para garantizar el continuismo.
- Conservar la participación electoral dentro del cronograma vigente, pero con una estrategia distinta, que combine la campaña formal con una campaña nacional de denuncia del fraude y de construcción de legitimidad paralela. No se trata de suspender la participación, sino de no legitimar el juego sucio mientras se juega.
- Impulsar la creación de un gran frente democrático, plural, decente, ético y popular, que agrupe a los sectores excluidos, indignados o marginados por el sistema. No es un frente de izquierda: es un frente de la democracia, contra el fraude.
- Lanzar una ofensiva política y mediática de alto nivel, nacional e internacional, que exponga el proceso fraudulento y ponga en evidencia las prácticas delictivas de los partidos que hoy controlan el aparato estatal.
- Movilizar a la ciudadanía como actor político fundamental, más allá de los partidos. No es el momento de priorizar la maquinaria electoral, sino de construir una base social movilizada que entienda que está en juego algo más que una elección: está en juego el futuro democrático del país.
Si no se enfrenta este fraude con decisión y con una estrategia colectiva, las fuerzas democráticas perderán mucho más que una contienda electoral: perderán la posibilidad de reconstruir el país sobre nuevas bases. No basta con tener razón: hay que saber actuar con coraje, visión y unidad en el momento preciso.
Hoy, ese momento es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde.
Jasb
Mayo 2025
