El reciente fallo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que destituyó a Neil Humberto Jesús Valdez Mostajo por favorecer a Luis Ramón Torres Robledo ha revelado un entramado aún más amplio: el secretario judicial no solo benefició al exalcalde investigado, sino también a otros imputados vinculados al proceso por corrupción conocido como “Los Limpios de Tacna”.
De acuerdo con la investigación disciplinaria, Valdez Mostajo ocultó durante más de un año el cuaderno de prisión preventiva remitido por la Sala Penal de Apelaciones, expediente que contenía órdenes precisas para que se emitiera un nuevo pronunciamiento sobre la situación legal de los acusados. En ese lapso, el funcionario emitió y firmó unilateralmente múltiples resoluciones que autorizaban salidas médicas, permisos especiales y variaciones de medidas, todas en beneficio de procesados como Jorge Luis Infantas Franco, Julia Teresa Benavides Llancay, Alfredo Abdel Chamorro Zevallos y Jaime Alberto Dueñas Noriega, entre otros.
Aunque estas disposiciones parecían atender pedidos puntuales, el patrón revelado por la investigación muestra que el principal beneficiado era siempre Luis Ramón Torres Robledo. El exalcalde, acusado de cohecho pasivo propio y señalado como cabecilla de la red criminal, obtuvo reiteradas autorizaciones para asistir a citas médicas e incluso llegó a solicitar permisos excepcionales para actividades políticas. Todas estas resoluciones fueron tramitadas por Valdez Mostajo sin la validación de la jueza competente, Gina Pamela Tapia Liendo, quien denunció que nunca fue informada del ingreso del expediente.
La investigación concluyó que esta serie de actuaciones “disfuncionales” no fueron meros descuidos administrativos, sino parte de un blindaje irregular que generó la paralización de un proceso clave para la lucha contra la corrupción en Tacna. Mientras los imputados gozaban de permisos y dilaciones, lo resuelto por la Sala Superior permanecía sin ejecutarse.
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial calificó los hechos como una falta muy grave, al considerar que Valdez Mostajo “dilató injustificadamente un expediente de prisión preventiva de altísima relevancia social, perjudicó la administración de justicia y favoreció a procesados por corrupción”.
Una red más amplia de corrupción
Los hallazgos plantean una pregunta inevitable: ¿se trató de la actuación aislada de un secretario judicial o de un engranaje dentro de una red de corrupción más amplia? La reiterada conducta de Valdez Mostajo en beneficio de Torres Robledo y la dilación intencional de un expediente de prisión preventiva permiten suponer la existencia de una estructura de protección desde dentro del Poder Judicial, con operadores que, por acción u omisión, habrían actuado en favor del excandidato y su entorno.
Más aún, el hecho de que la prensa local haya silenciado este escándalo, pese a la publicación oficial de la destitución en El Peruano y su difusión en el programa “Sucesos” de Radio Tacna, dirigido por el periodista Marcial Rospigliosi, refuerza la hipótesis de que existiría un blindaje mediático vinculado al denominado “torrismo”, corriente política que se ha beneficiado de estas maniobras procesales.
De confirmarse este patrón, no estaríamos ante un simple caso de negligencia funcional, sino frente a la construcción de una red de corrupción en Tacna que articula a procesados, funcionarios judiciales y sectores de la prensa. Una red que no solo busca debilitar los procesos de lucha anticorrupción, sino que también pone en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones.
