El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial resolvió la destitución definitiva de Neil Humberto Jesús Valdez Mostajo, especialista judicial de los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna, tras comprobarse que ocultó durante más de un año un cuaderno de prisión preventiva y emitió resoluciones de manera unilateral, sin conocimiento ni autorización de la jueza a cargo.
Irregularidades beneficiaron a Torres Robledo
Las irregularidades detectadas tuvieron como principal beneficiado a Luis Ramón Torres Robledo, exalcalde provincial de Tacna e investigado en el caso “Los Limpios de Tacna”, vinculado a presuntos delitos de corrupción y organización criminal. Durante el periodo en que el expediente permaneció sin trámite, Valdez Mostajo autorizó salidas médicas y diversos permisos en favor de Torres Robledo y otros procesados, mientras incumplía con ejecutar lo ordenado por la Sala Penal de Apelaciones.
Abogado miente
Pese a ello, el abogado de Torres, Adalberto Guevara Moya, ha señalado públicamente que su patrocinado no recibió beneficio alguno y que, por el contrario, habría resultado perjudicado por la actuación del secretario destituido. Sin embargo, la resolución disciplinaria publicada en el diario oficial El Peruano sostiene lo contrario.
Intento de encubrimiento.
Aunque aún no se ha probado coordinación directa entre Valdez Mostajo y Torres Robledo —y debe recordarse que la investigación disciplinaria no tenía ese objetivo, sino únicamente comprobar las irregularidades funcionales del secretario—, los hechos sí muestran un favorecimiento material e indebido. Negar este beneficio, como lo hace el abogado defensor, constituye un intento de encubrimiento que choca con la evidencia escrita y publicada en el diario oficial El Peruano. Las investigaciones penales que correspondan deberán establecer si existieron coordinaciones, presiones o redes de corrupción detrás de estos hechos.
La contradicción resulta evidente.
Si las maniobras de Valdez Mostajo hubieran representado un perjuicio para Torres Robledo, cabría esperar que su defensa legal hubiera reclamado la demora procesal o denunciado formalmente los retardos, lo que no ocurrió en ningún momento. El silencio frente a estas irregularidades refuerza la percepción de que las mismas, en los hechos, beneficiaban a su defendido.
Este caso trasciende la sanción administrativa contra un funcionario.
La magnitud de los hechos descritos obliga a considerar una investigación penal que permita esclarecer si existieron coordinaciones, presiones o vínculos más amplios entre operadores judiciales y los investigados en actos de corrupción. El episodio evidencia, además, la fragilidad institucional de los juzgados frente a prácticas irregulares que afectan la confianza ciudadana en la administración de justicia.
