Informe oficial detalla cómo el jefe edil del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa autorizó personalmente pagos por conceptos inventados y alteró las reglas del juego para beneficiar a la empresa contratista, en un caso que ha disparado las alarmas sobre el uso de fondos públicos en Tacna.
Un contundente informe de la Contraloría General de la República (N° 17432-2025-CG/APP-SCC) ha expuesto el presunto mecanismo fraudulento que el alcalde Niel Brham Zavala Meza habría utilizado para inflar el costo de la obra “Creación del Servicio Integral de Agua Potable y Alcantarillado en el PROMUVI Señor de los Milagros”, llevando su precio de S/ 86 millones a la astronómica suma de S/ 134 millones.
El documento es categórico al señalar la responsabilidad directa del alcalde Zavala en la autorización de una serie de actos irregulares que permitieron este incremento de S/ 48 millones –una variación del 56%–, y que ahora son investigados como un posible desvío de recursos públicos.
EL FRAUDE COMPROBADO: DINERO POR CONCEPTOS QUE NO DEBEN EXISTIR
La Contraloría no tiene dudas: una parte del incremento fue abiertamente ilegal. Bajo la gestión de Zavala, la municipalidad distrital:
- Inventó el cargo de “Coordinación de Obra” y le asignó S/ 450,000, un concepto que no está contemplado en la ley para este tipo de proyectos.
- Intentó un doble pago al incluir S/ 1.8 millones por “Gastos de Estudios Definitivos”, a pesar de que este costo ya había sido saldado por la Municipalidad Provincial de Tacna años antes.
- Incluyó ilegalmente S/ 811,324 por el “Costo de Control Concurrente”, un rubro que, por ley, se paga directamente a la Contraloría y no a través del contrato con la empresa.
Total de dinero ilegítimo identificado: S/ 3.1 millones. Fondos públicos que los ciudadanos habrían pagado por servicios fantasmas o ya pagados.
LA SOMBRA SOBRE LOS S/ 45 MILLONES RESTANTES: ¿OBRA REAL O SOBRECOSTO INJUSTIFICADO?
Si bien el grueso del incremento (aproximadamente S/ 45 millones) se destinó a trabajos adicionales en la obra, la Contraloría encontró que el procedimiento utilizado por el alcalde Zavala para aprobar este gasto fue totalmente irregular.
Para allanar el camino a estos pagos millonarios, la administración de Zavala eliminó ilegalmente los topes y límites que controlaban cuánto podía cobrar la empresa por conceptos de Gastos Generales y Utilidad. Esta decisión, tomada sin sustento legal, le abrió la puerta a la empresa para potencialmente incrementar sus ganancias de manera descontrolada, con dinero de todos los peruanos.
RESPONSABILIDAD DIRECTA Y LLAMADO A LA JUSTICIA
Cada una de estas irregularidades fue autorizada mediante resoluciones y firmas del alcalde Niel Zavala. La Contraloría le ha dado un plazo perentorio de 45 días calendario para que rectifique estos actos, elimine los rubros ilegales y ajuste el monto del convenio.
Sin embargo, la corrección del procedimiento no borra el hecho: los actos irregulares e ilegales ya se cometieron. La magnitud y naturaleza de los mismos exigen de manera ineludible una investigación profunda para determinar las responsabilidades penales y administrativas. La ciudadanía tiene derecho a saber si detrás de estos sobrecostos millonarios existen actos de colusión, peculado o negociación incompatible.
Exigimos a las autoridades competentes, al Ministerio Público y a los órganos de control, que no se limiten a la rectificación administrativa. Deben actuar con celeridad para investigar y sancionar a todos los responsables de este aparente esquema de desvío de fondos públicos.
La obra de agua y alcantarillado es vital para la población. Los recursos públicos deben ser sagrados. Lo que la Contraloría ha descubierto no es un simple error, es un manual de irregularidades que no puede quedar impune.
Para mayor información:
El informe de la Contraloría General N° 17432-2025-CG/APP-SCC está disponible para su consulta y verificación.
