Tras confirmarse que ya es una prueba clave en una investigación penal, hoy se revelan los devastadores hallazgos del Informe Final N° 001-2025-JRA-PTAF-CR/GOB.REG.TACNA6, que documenta el presunto acoso político y boicot sistemático contra la Vicegobernadora Liliana Velazco.
La investigación, realizada por el Consejero Juan Ramos Arocutipa, no se basa en testimonios, sino en pruebas documentales abrumadoras que demuestran un patrón deliberado para obstaculizar sus funciones. Entre las principales conclusiones se encuentran:
- Boicot Administrativo: Se emitieron 41 resoluciones de encargatura para 42 días de ausencia del gobernador entre 2023 y 20257777. Se demostró la práctica de emitir resoluciones fraccionadas por un solo día, incluso en ausencias continuas, para «generar inestabilidad y limitar la continuidad» de su gestión.
- Negación de Recursos: Se evidenció la «omisión de medios logísticos consistentes en no contar con movilidad ni conductor», impidiéndole ejercer plenamente sus funciones de representación.
- Silencio y Desconocimiento: Se comprobó la «falta de respuesta a sus 31 Informes de Actividades», donde la Vicegobernadora alertaba sobre estas irregularidades, lo que representa una «grave omisión del deber de control».
- Indicios de Delito: El informe concluye que los hechos configuran «indicios razonables de una situación de acoso político institucional contra la vicegobernadora» y podrían constituir los delitos de Omisión de Deberes Funcionales y Discriminación.
Este es el documento que el Consejo Regional deberá debatir. Con las pruebas sobre la mesa y en manos de un fiscal, la pregunta para los consejeros es si fiscalizarán o encubrirán estos graves hechos.
