La crisis en el Gobierno Regional de Tacna ha escalado a la vía penal. Hace unas horas la defensa legal de la Vicegobernadora Regional, Liliana del Carmen Velazco Cornejo, presentó formalmente el contundente informe de fiscalización del Consejero Juan Ramos Arocutipa como prueba clave ante la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad.
El documento, presentado por el abogado Juan José Alejos Fernández , fue adjuntado a la carpeta fiscal del proceso penal que ya se sigue en contra del Gobernador Regional, Luis Ramón Torres Robledo, por el presunto delito de discriminación.
Según el escrito presentado, el informe «demuestra y prueba con elementos de juicio el delito denunciado» y contiene «todos los actos de discriminación en agravio de la recurrente».
Esta acción significa que, independientemente de la decisión que tome el Consejo Regional, las pruebas del presunto boicot y acoso político ya están en manos de la justicia y serán parte de una investigación penal. La Vicegobernadora no espera el resultado político y busca una sanción en la vía judicial.
