El gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, caracterizado por su incapacidad, desvergüenza y falsedad, ha utilizado medios de comunicación afines para victimizarse por la sanción impuesta por la Autoridad del Agua. Esta sanción se debe a la ejecución de obras hidráulicas sin autorización en el caso del PVM-08, ubicado en el sector de Viñani, del distrito Gregorio Albarracín.
Las mentiras de Torres y su pandilla

Torres Robledo, ha salido a justificar su despropósito mintiendo a la población de Tacna. Afirma que «el problema radicó en que el Gobierno Regional de Tacna no adjuntó una certificación que los declarara propietarios del terreno donde perforaron el pozo». Esta afirmación es completamente falsa. La resolución sancionadora no hace referencia en ningún punto a la situación de propiedad del terreno.
Torres, también miente al afirmar que el cierre del pozo perjudica a la población de sectores de Viñani. Intencionalmente oculta los criterios utilizados por la autoridad del agua para calificar la infracción. En realidad, la perforación ilegal del pozo afectaba a otros pozos vecinos, como el PV-03 y el PV-04, pertenecientes a la EPS Tacna y que abastecen al sector Viñani. La población de este sector habría visto disminuido su suministro de agua. Torres pretendía solucionar un problema a costa de otro.
Cabe destacar que el gobernador, quien ya ha sido procesado por corrupción, oculta que la perforación del pozo ilegal, según el criterio técnico de la autoridad del agua, generaría impactos ambientales negativos. Esta acción facilitaría la intrusión marina, afectando las aguas continentales. Este es uno de los problemas más graves que enfrenta el acuífero de Tacna-La Yarada debido a la existencia de cientos de pozos ilegales, que permiten la entrada de agua de mar al continente y contaminan las cada vez más escasas aguas de calidad.
No se trata solo de la falta de autorización
El incumplimiento de los trámites legales para la perforación de un pozo por parte de una autoridad es un hecho grave, pero no el único. Los aspectos ambientales y la afectación a otro sector de la población que se quedaría sin agua han sido los criterios fundamentales para la calificación de la infracción por parte de la autoridad del agua.
Despilfarro de recursos: La Contraloría debe intervenir
La inversión en la obra ilegal ha sido un completo despilfarro de recursos públicos, sin ningún resultado positivo. Ahora, las obras deberán ser demolidas en 45 días y el pozo clausurado. Los fondos invertidos en este despropósito se han malgastado a la vista y paciencia de los órganos de control de las propias instituciones comprometidas. Por lo tanto, la Contraloría General de la República debe intervenir de oficio para determinar responsabilidades entre funcionarios y miembros del directorio, y evitar que continúen los despilfarros de los recursos del pueblo de Tacna.
Las malas decisiones de «autoridades» corruptas, voluntaristas y chabacanas de los últimos 30 años han postergado a Tacna de su desarrollo. Se han despilfarrado ingentes recursos del Estado que han terminado engordando patrimonios y barrigas de estos inescrupulosos que algún día tendrán que rendir cuentas a la Nueva Justicia: independiente, oportuna e inflexible con los corruptos de toda calaña. La Contraloría, por su parte, totalmente mediatizada, solo sirve para apuntalar la corrupción en el país.