El reciente informe presentado por Amnistía Internacional ha arrojado luz sobre los eventos ocurridos durante las protestas en Perú, y sus conclusiones son alarmantes. Según la organización defensora de los derechos humanos, el gobierno peruano habría ordenado o tolerado el uso de fuerza letal, además de perpetrar actos de racismo y ejecuciones extrajudiciales.
PIDE QUE FISCALÍA INVESTIGUE A FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, hizo un llamado a la Fiscalía peruana para que investigue a todos los funcionarios, incluidos aquellos en los niveles más altos, que tuvieron responsabilidad en el uso ilegítimo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Estas graves acusaciones ponen en tela de juicio la actuación del gobierno y exigen una investigación exhaustiva.
GOBIERNO FOMENTÓ VIOLENCIA
El informe, titulado «Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú», revela que las muertes ocurridas durante las protestas no fueron incidentes aislados, sino que sugieren una respuesta estatal deliberada y coordinada. En lugar de condenar el uso de fuerza excesiva, el gobierno peruano alabó públicamente a las fuerzas de seguridad, fomentando así su actuación violenta. Además, calificar a los manifestantes como terroristas fue una estrategia desinformativa intencionada.
20 EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
El informe también destaca que la mayoría de las víctimas eran curiosos, transeúntes y manifestantes pertenecientes a sectores humildes de la sociedad peruana, lo que sugiere un sesgo social y socioeconómico en el uso de la fuerza letal. Asimismo, se mencionan alrededor de 20 casos que podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales, basándose en la ubicación de los disparos en partes sensibles del cuerpo.
ALTOS MANDOS SON CÓMPLICES
Amnistía Internacional va más allá y acusa a altos mandos de ser cómplices en la ocultación de las armas utilizadas para cometer homicidios. Esta afirmación se basa en los registros militares y policiales obtenidos por la organización. Se pone como ejemplo el caso de la ciudad de Juliaca, donde solo dos agentes informaron sobre los disparos realizados con rifles AK, mientras que 15 personas murieron y decenas resultaron heridas ese mismo día.
FISCALÍA CITA A DINA BOLUARTE
Ante estas graves acusaciones, la Fiscalía de la nación ha citado a la presidenta Dina Boluarte por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. La mandataria deberá presentar su versión de los hechos el próximo 31 de mayo. Aunque su abogado ha expresado expectativa ante la citación, Boluarte ha solicitado reprogramar el encuentro debido a problemas de agenda.
El primer ministro, Alberto Otálora, aseguró que la presidenta no ejercerá su derecho al silencio y que ofrecerá su testimonio. Sin embargo, estas acusaciones plantean serias dudas sobre la conducta del gobierno peruano y la necesidad de una investigación imparcial y exhaustiva para es
