El Gobierno intenta calmar la indignación social con un discurso de negación y desvío, mientras el Congreso se fractura y se abre paso la posibilidad de la salida de José Jerí de la Presidencia de la República.
En plena crisis política, un grupo de congresistas ha iniciado la recolección de firmas para presentar una moción de censura contra la Mesa Directiva del Parlamento. Si la medida prospera, el actual presidente José Jerí tendría que dejar el cargo, y el Congreso se vería obligado a elegir una nueva mesa que asumiría de manera transitoria la conducción del país.
Los parlamentarios impulsores —entre ellos Alfredo Pariona, Pasión Dávila, Jaime Quito, Silvana Robles y Ruth Luque— argumentan que la actual Mesa Directiva “constituye un grave riesgo para la estabilidad democrática del país” y acusan a Fuerza Popular de incumplir su compromiso público de no presidir el Congreso, evidenciado en la designación de Fernando Rospigliosi como presidente del Legislativo. A ello se suman las investigaciones fiscales que afrontan Waldemar Cerrón e Ilich López, los otros vicepresidentes, y la “responsabilidad política de haber permitido que José Jerí asuma la Presidencia de la República”.
La congresista Flor Pablo confirmó que apoyará la censura, señalando que “no podemos mantener a quienes nos han llevado a este desastre”. Según indicó, un bloque de 30 legisladores ya había alcanzado un consenso previo para elegir una nueva Mesa Directiva encabezada por Roberto Chiabra o José Williams, acuerdo que no prosperó por maniobras de último momento.
EL MINISTRO INTENTA DESACTIVAR LA INDIGNACIÓN SOCIAL
Mientras el Congreso se reacomoda ante una inminente recomposición del poder, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, acudió al Parlamento para intentar contener el creciente malestar ciudadano tras la muerte del joven Eduardo Mauricio Ruiz Sanz durante las protestas del 15 de octubre en el centro de Lima.
En una presentación desordenada y contradictoria, Tiburcio negó responsabilidad de la Policía Nacional en el fallecimiento del manifestante, pese a que las investigaciones fiscales aún no concluyen. Afirmó que la PNP “nunca ha ocultado nada” y que se empleará “inteligencia artificial” para analizar los videos de la protesta, pero a la vez exculpó anticipadamente a los efectivos, asegurando que la institución “no tuvo presencia policial en la Plaza Francia” —precisamente donde ocurrió el deceso— y que “no hubo agentes encubiertos”.
El ministro mostró imágenes de enfrentamientos, habló de “personas disfrazadas que atacaron a la policía” y centró su exposición en los 89 policías heridos, omitiendo los 29 civiles lesionados y el fallecimiento del joven Ruiz Sanz. En un momento particularmente polémico, justificó el uso de armas de fuego por parte de las agentes mujeres señalando que “tenían que defenderse”, admitiendo así disparos “al aire” durante la dispersión de manifestantes.
Sus afirmaciones contrastan con la versión fiscal y los registros de prensa que señalan que el joven murió por impacto de bala en el tórax, presuntamente disparada por un agente vestido de civil. La Fiscalía ha dispuesto que la investigación se realice de manera independiente, excluyendo a la PNP del proceso para garantizar imparcialidad.
DEL DESLINDE AL DESVÍO: PEDIDO DE FACULTADES LEGISLATIVAS
En medio de su exposición, el ministro dedicó buena parte de su intervención a presentar su Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, anunciando que el Ejecutivo solicitará facultades legislativas al Congreso “para combatir la delincuencia y fortalecer a la Policía”. Este giro, interpretado por diversos sectores como una maniobra de distracción, buscó trasladar el debate desde la brutalidad policial hacia un discurso de “unidad institucional” y “mano dura”.
“El problema es la inseguridad ciudadana”, insistió Tiburcio, evitando pronunciarse sobre el uso excesivo de la fuerza en las protestas. Su discurso culminó con una apelación a “la unión entre instituciones”, en línea con el llamado del presidente Jerí a “no permitir que un grupo minúsculo imponga su agenda al país”.
ESCENARIO POLÍTICO EN LLAMAS
La muerte de Mauricio Ruiz Sanz se suma a una cadena de denuncias por represión violenta que han marcado los últimos gobiernos. Organismos de derechos humanos han exigido una investigación inmediata, transparente y con estándares internacionales.
Mientras tanto, el Congreso vive una cuenta regresiva: si la censura a la Mesa Directiva prospera, José Jerí perderá la Presidencia de la República, precipitándose una nueva crisis institucional que podría redefinir el mapa político peruano.
En este contexto, el discurso del ministro del Interior no apaga la indignación, sino que la aviva: al justificar el uso de armas contra manifestantes y negar responsabilidades sin evidencias, el Gobierno refuerza la percepción de impunidad y debilidad ética.
Conclusión:
El país se encuentra ante un doble deterioro: la erosión del sistema político y la normalización de la violencia estatal. Mientras el Congreso busca recomponer su legitimidad, el Ejecutivo intenta sobrevivir desviando el foco del verdadero problema: la pérdida de vidas humanas a manos de quienes deberían protegerlas.
