En un hecho que ha generado profunda indignación en la ciudadanía, el ciudadano Jesús Alberto Suárez Berenguela ha presentado una denuncia formal ante la Defensoría del Pueblo contra el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, por su responsabilidad directa en la interrupción del suministro de agua potable a las familias del Puerto Pesquero Morro Sama.
La denuncia, presentada a través de la Mesa de Partes Virtual, pone en evidencia que la EPS Tacna, actualmente bajo administración del Gobierno Regional, ha suspendido de manera arbitraria el servicio de agua que se venía brindando a los pescadores del sector, dejándolos sin acceso al recurso más básico para la vida humana: el agua.
“Lo que está ocurriendo en Morro Sama no es solo una negligencia administrativa. Es una violación flagrante del derecho humano al agua, reconocido por la Constitución, los tratados internacionales y la propia dignidad humana”, expresó Suárez Berenguela en su pronunciamiento público.
En su escrito, el denunciante exige que la Defensoría actúe con urgencia, investigue los hechos, recoja los testimonios de las familias afectadas, y exija al Gobierno Regional y a la EPS Tacna restablecer de inmediato el abastecimiento mínimo vital. Se señala que las familias requieren al menos dos cisternas semanales para sobrevivir en condiciones mínimas de salubridad.
Además, el denunciante ha remitido una copia de la denuncia a la sede central de la Defensoría del Pueblo en Lima, advirtiendo que este tipo de decisiones arbitrarias podrían repetirse en otras regiones si no se sancionan adecuadamente.
“El agua no se corta por castigo político o por desprecio social”
El hecho fue revelado durante el aniversario del puerto pesquero, en el cual el propio alcalde provincial, Pascual Güisa Bravo, denunció públicamente el corte del agua potable y responsabilizó al gobernador regional. “El pozo que inauguramos no funciona y las familias están sin agua. Exijo al gobernador que deje de castigar al pueblo y que restablezca el servicio”, expresó en ese momento.
Jesús Suárez subrayó que la administración regional no tiene derecho a castigar con sed a una comunidad pesquera, mucho menos cuando su trabajo es reconocido por su aporte a la economía local. “Este no es un tema político, es una cuestión de derechos humanos. El agua no puede ser usada como instrumento de control o represión”, declaró.
La comunidad de Morro Sama ha intentado comunicarse sin éxito con el gobernador regional, según consta en declaraciones recogidas por la municipalidad. Hasta la fecha, no han recibido respuesta ni atención alguna.
Acción ciudadana ante el abandono del Estado
Dado que la burocracia institucional limita la rapidez de acción de las municipalidades, el denunciante ha actuado en representación de la ciudadanía. “Frente a la indiferencia institucional, decidí actuar como ciudadano. Tacna no puede permitir que el agua sea negada por capricho político. Esto debe corregirse ya”.
La denuncia pública y formal marca un precedente importante en la defensa del derecho al agua como un derecho fundamental y no como un privilegio. La comunidad espera que la Defensoría del Pueblo se pronuncie de inmediato y que el Ministerio de Vivienda y otras entidades tomen cartas en el asunto.
