Las víctimas son la lideresa comunal Diana Carolina Rodríguez, quien fue asesinada a golpes, y el líder campesino Carlos Tautiva, quien fue baleado en su hogar. Las comunidades y organizaciones denuncian la falta de garantías y la presencia de grupos armados ilegales.
Dos líderes sociales fueron asesinados en Colombia, sumándose a la alarmante cifra de 46 líderes asesinados en lo que va de año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
El músico campesino Carlos Tautiva murió baleado en su casa en el corregimiento de San Juan de Sumapaz, mientras que la lideresa comunal Diana Carolina Rodríguez fue presuntamente asesinada a golpes en la jurisdicción del municipio de San Cayetano.
Rodríguez fue una activista por los derechos medioambientales y comunitarios, y su muerte es un duro golpe para aquellos que luchan por la justicia social en Colombia.
Grupos armados ilegales ejercen un control social y territorial
Aunque todavía se desconoce quiénes son los responsables del asesinato de Rodríguez, el instituto denuncia que los grupos armados ilegales ejercen un control social y territorial en Colombia, limitando la actuación de los líderes comunitarios y amenazando su vida. En Colombia, los grupos armados paramilitares y guerrilleros se han apoderado de territorios enteros, ejerciendo control sobre la población y estableciendo sus propias normas y sistemas de justicia.
Falta de garantías para los líderes sociales
La falta de garantías y protección para los líderes sociales ha sido una preocupación constante en Colombia. A pesar de los esfuerzos del gobierno para proteger a los líderes comunitarios, el número de asesinatos sigue siendo alarmante. Además de los grupos armados locales, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) también operan en la zona, lo que agrava aún más la situación.
La muerte de Tautiva y Rodríguez es una clara señal de que los líderes comunitarios en Colombia todavía corren un grave peligro. A pesar de las promesas del gobierno de proteger a los líderes comunitarios, queda mucho por hacer para garantizar su seguridad y protección.
El gobierno y la sociedad colombiana deben actuar con urgencia para detener la violencia contra los líderes comunitarios y garantizar la protección de sus derechos humanos fundamentales.
