Dos informes se han hecho virales en los últimos días en el país. El primero tiene que ver con una publicación de La República Data en el que se da cuenta, según los archivos del ministerio Público, que de los 4,737 casos de discriminación registrados desde el 2000, año en el que recién se tipificó el trato diferencial a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. como delito, hasta el año 2022, sólo 25 casos han terminado en sentencia firme, es decir, el 0.55 % y de esa cantidad ocho personas denunciadas fueron absueltas.Según la investigación realizada por la periodista Gloria Purizaga y publicada el 21/4/23, las regiones que más denuncias registran son Lima, Arequipa y Cusco.
El informe indica que el «acervo probatorio» es otro obstáculo para obtener justicia, ya que en el proceso judicial, que dura hasta 7 (siete) años, se solicitan pruebas audiovisuales, que no necesariamente tienen los denunciantes.
La discriminación en el Perú es letra muerta, sin lugar a dudas.
El otro informe viral y que ha soliviantado a la caverna peruana, es el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presidida por May Macaulay (abogada jamaiquina) sobre la situación de los Derechos Humanos en el Perú, en el contexto de las protestas sociales que comenzaron el 7 de diciembre del año pasado hasta el 23 de enero del presente.
En general la Comisión dictamina que hubo «graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos específicos y graves violaciones de los derechos humanos en Lima, Ica, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Juliaca, Puno; lo que se confirma por el alto número de muertes y heridos con lesiones en la parte superior del cuerpo por armas de fuego, incluidos los perdigones.
El caso que más conmovió a los peruanos es el de Rosalino Flores, un joven de 22 años, a quien le dispararon 36 perdigones a una distancia de dos metros por la espalda, dañandole todos sus órganos vitales. Después de dos meses de agonía murió en Lima, cuando le habían sustraído casi el 60 por ciento de perdigones.
El informe de la CIDH recomienda que para superar la crisis en el Perú se requiere un diálogo efectivo, amplio e inclusivo, y acuerdos en el marco del Estado de derecho, algo que al actual régimen no le interesa. Dejar hacer y dejar pasar (laissez faire, laissez passer) es la política de toda dictadura fascista, que no sabe o no quiere saber, que hay 57 muertos que nunca van a morir hasta que no consigan justicia y reparacion para las familias.
Hasta la próxima.
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