El Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) ha desclasificado 22 documentos que detallan la brutalidad de la contrainsurgencia peruana durante el conflicto armado interno que enfrentó al país entre 1980 y 2000.
Los documentos, que datan de los años 80, 90 y principios de los 2000, revelan la participación de altos cargos del Gobierno peruano en la desaparición y aniquilamiento de sospechosos de ser miembros o simpatizantes de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
En uno de los documentos, el NSA informa que el entonces jefe del Consejo de Ministros, Armando Villanueva del Campo, respaldó la versión de los altos militares de que no había sucedido una masacre en la comunidad de Cayara, en Ayacucho, en 1988. En este hecho, un grupo de militares desapareció a 39 personas en represalia a la emboscada de una patrulla en la que murieron cuatro efectivos.
Otro documento confirma que el entonces presidente Alberto Fujimori dio la orden de no capturar a ningún emerretista con vida durante la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima en 1996. Este operativo militar terminó con la muerte de 14 rehenes y 17 terroristas.
Los documentos también detallan la participación de escuadrones de la muerte como el comando paramilitar Rodrigo Franco, creado por el Gobierno de Alan García en 1986. Este grupo fue responsable de la desaparición de decenas de personas, entre ellas la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército Mariela Barreto, asesinada y descuartizada en 1997.
La publicación de estos documentos ha reavivado el debate sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno peruano. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), creada en 2001 para investigar este periodo, estimó que hubo más de 69.000 víctimas mortales, entre ellas 19.000 desaparecidos.
El CVR concluyó que la contrainsurgencia peruana fue responsable de la mayoría de estas muertes, incluyendo numerosas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
Los documentos desclasificados por el NSA confirman las conclusiones de la CVR y arrojan nueva luz sobre la magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno peruano.
