El Gobierno de Perú se encuentra bajo escrutinio tras la apertura de una investigación sobre la relación entre la Policía y las bandas criminales, luego de la difusión de un documental de la televisión pública española. El reportaje de RTVE reveló casos en los que agentes policiales alquilaban sus armas a grupos delincuenciales, generando un debate en el país.
Según el documental, dos personas pertenecientes a una organización ilegal afirmaron que no adquieren armas, sino que estas les son alquiladas por la misma Policía. Los medios locales recogen sus declaraciones, en las cuales señalan que la tala ilegal de madera es el principal negocio en la región y se lleva a cabo mediante sobornos a las autoridades y altos mandos. La extracción ilegal de madera sirve como fuente de financiamiento para el narcotráfico, que opera de manera constante y en gran escala en la zona.
Ante estas revelaciones, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que la presidenta Dina Boluarte ha ordenado una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de estos actos de corrupción, los cuales afectan tanto la reputación de la Policía Nacional como su estructura jerárquica. Otárola enfatizó que la lucha contra la corrupción es una de las políticas públicas fundamentales de la presidenta, y que no se mostrará tolerancia ante los responsables, de ser encontrados, luego de las investigaciones.
En una admisión sorprendente, el comandante general de la Policía Nacional peruana, Jorge Angulo, reconoció que algunos agentes efectivamente alquilan armas a narcotraficantes. Angulo admitió que este problema no es algo nuevo y que ha habido casos previos denunciados de agentes involucrados en esta práctica ilegal.
Frente a la denuncia, el ministro del Interior, Vicente Romero, declaró que la responsabilidad debe recaer de manera individual en los implicados. Afirmó que la Policía Nacional se encarga de depurar sus propias filas en caso de que algún miembro cometa delitos. Romero también mencionó que en todas las instituciones existen actos de corrupción, pero subrayó la postura de tolerancia cero hacia la corrupción por parte del actual Gobierno.
Esta situación pone en evidencia la necesidad de abordar de manera urgente y contundente los problemas de corrupción que afectan a la Policía en Perú. La investigación en curso deberá esclarecer los detalles de esta alarmante práctica y tomar medidas para erradicarla, garantizando así la integridad y confianza en las instituciones encargadas de mantener el orden y la seguridad en el país.
